Con ERC a las puertas de validar un pacto con el Govern para dar luz verde a los Presupuestos catalanes, ahora es el turno de Comuns. El socio minoritario de investidura ultima las conversaciones con el Ejecutivo para ampliar los compromisos sellados en febrero antes del fracaso parlamentario de las cuentas de Salvador Illa. La formación de Jéssica Albiach reclama destinar 2.500 millones de euros a políticas de vivienda durante toda la legislatura, 650 millones más de los previstos inicialmente para 2026, según ha podido saber EL PAÍS. Los comunes plantean además añadir otros 800 millones de euros para reforzar el Plan de Barrios. La negociación entre el Govern y los comunes entra ahora en escena después de que PSC y ERC hayan encarrilado su propio acuerdo presupuestario, centrado especialmente en la línea orbital ferroviaria. La secuencia no es nueva en la política catalana: los socios de investidura acostumbran a negociar paralelamente con el Ejecutivo y no en una mesa conjunta a tres bandas. Con el pacto con los republicanos prácticamente perfilado, el foco se desplaza ahora hacia las exigencias de la formación de Albiach. Los comunes reclaman elevar hasta los 2.500 millones de euros la inversión total en políticas de vivienda durante la legislatura, de los cuales 1.500 millones corresponderían a recursos propios de la Generalitat y otros 1.000 millones al Institut Català de Finances (ICF). La propuesta supone incrementar en 650 millones los recursos previstos inicialmente en el acuerdo presupuestario para 2026. La formación plantea además mantener la doble convocatoria del Plan de Barrios también en 2027 y 2028, con una inversión de 400 millones de euros anuales. Según sus cálculos, la medida permitiría rehabilitar y mejorar hasta 120 barrios durante toda la legislatura. Las conversaciones actuales buscan mejorar el acuerdo presupuestario anunciado por PSC y Comuns a finales de febrero, que finalmente nunca llegó a materializarse por el rechazo de ERC a las cuentas. Tras aquel fracaso parlamentario, el Govern logró mantener la actividad ordinaria de la administración mediante suplementos de crédito pactados con sus socios de investidura. En ese momento, los comunes ya avisaron de que el escenario obligaría a revisar y ampliar los compromisos alcanzados inicialmente con el Ejecutivo. Ante la minoría parlamentaria de Salvador Illa y las dificultades para sacar adelante unos Presupuestos (Cataluña sigue funcionando con las cuentas prorrogadas desde 2023), los comunes llevan meses defendiendo la necesidad de pactar unos Presupuestos “de legislatura”. La formación considera que la fragilidad parlamentaria del Govern obliga a blindar compromisos de largo recorrido, por lo que buena parte de sus exigencias proyectan políticas que van más allá del ejercicio de 2026. Los comunes también defienden otros avances en materia ferroviaria y de vivienda de protección oficial. En esta última carpeta, los comunes también han reclamado al Govern la creación de una Dirección General de Disciplina de Vivienda para reforzar las sanciones contra el fraude en el alquiler y coordinar el trabajo de los nuevos inspectores incorporados por la Generalitat. El Ejecutivo ya ha mostrado sintonía con la propuesta y la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, aseguró hace unas semanas que veía “con buenos ojos” la medida. En el tramo final del periodo de sesiones del Parlament de Cataluña (termina el 31 de julio), el plazo marcado por el Ejecutivo para superar el trámite parlamentario, el Govern tiene cierta premura para agilizar el proyecto presupuestario. La falta de margen obliga ahora a acelerar los últimos detalles de la negociación entre Comuns y Ejecutivo.