La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de España ha rechazado la solicitud de Santa Bárbara Sistemas, una empresa de defensa, para suspender la asignación de 3.000 millones de euros en préstamos estatales a la unión temporal de empresas entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Esta decisión se enmarca en contratos por un total de 7.240 millones de euros destinados a programas especiales de modernización de armamento. La corte argumentó que Santa Bárbara no presentó pruebas suficientes para demostrar que la ejecución de estos préstamos le causaría perjuicios irreparables. Además, el tribunal destacó que el interés público en desarrollar programas de defensa es significativo, ya que contribuye a la modernización de capacidades militares críticas y al cumplimiento de compromisos internacionales de España en el contexto de la Unión Europea (UE). La suspensión de estos préstamos habría alterado de manera sustancial la planificación militar y presupuestaria, generando efectos acumulativos difíciles de revertir. Por lo tanto, la corte concluyó que no se cumplían los requisitos necesarios para suspender la ejecución del Real Decreto impugnado.