El Tribunal Supremo de España ha tomado una decisión crucial al desestimar el recurso presentado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, que cuestionaba la fijación de caudales ecológicos mínimos en el río Tajo. Esta resolución se considera un fuerte golpe para los regantes de Alicante, quienes sostenían que los nuevos criterios perjudicaban sus derechos de uso del agua en la cuenca del Segura. La Asociación de Municipios Ribereños ha calificado el fallo como 'quizá la sentencia más dura del Tribunal Supremo para el Levante', resaltando que los caudales ecológicos son obligatorios y deben ser priorizados. El impacto de esta decisión es inmediato, ya que el sector agrario en Alicante teme que la nueva planificación hidrográfica cause un perjuicio social y económico significativo. A pesar de estas preocupaciones, el Tribunal ha reafirmado que el decreto no infringe la legalidad vigente. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha indicado que se busca una compatibilidad entre los caudales ecológicos y el regadío, destacando la importancia de modernizar infraestructuras y explorar alternativas como el agua reciclada o desalada. La sentencia establece un claro mandato legal que obliga a cumplir con la protección ecológica del Tajo.