El Departamento de Justicia de EE. UU. ha iniciado el proceso para revocar la ciudadanía de 17 personas naturalizadas, acusadas de diversos delitos graves, incluyendo abuso sexual de menores y lavado de dinero. Esta medida representa el mayor uso de la desnaturalización hasta la fecha y se alinea con la política del gobierno de Donald Trump de intensificar el control sobre la naturalización. Si los tribunales federales aceptan las demandas, los acusados perderán su estatus de ciudadanos y podrían enfrentar deportación. Las acusaciones se fundamentan en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite a las autoridades cancelar la ciudadanía obtenida fraudulentamente. La revocación no es un castigo penal, sino una corrección de un estatus que, según el gobierno, se obtuvo de manera irregular. Las declaraciones de funcionarios como el fiscal general interino Todd Blanche y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, enfatizan la política de 'tolerancia cero' hacia el abuso del proceso de naturalización. Históricamente, la desnaturalización ha sido poco común, pero ha visto un aumento significativo en los últimos años, especialmente bajo la administración actual.