La administración de Donald Trump está evaluando la imposición de nuevos aranceles de entre 10% y 12.5% a más de 60 economías, entre las que se encuentran China, Canadá, México, Brasil y países de la Unión Europea. Esta medida surge a raíz de una investigación sobre trabajo forzado, cuyos resultados aún no han sido publicados. Washington argumenta que estas naciones no han tomado suficientes medidas para detener el comercio de productos fabricados bajo condiciones laborales abusivas. Los funcionarios de Trump sostienen que la entrada de mercancías producidas con trabajo forzado distorsiona los mercados internacionales y afecta la competitividad de las empresas estadounidenses, lo que podría perjudicar la industria y el empleo en el país. La propuesta de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) busca utilizar los aranceles como herramienta para forzar cambios en las cadenas de suministro globales. China podría enfrentar aranceles más altos que otros países, reflejando la continua rivalidad económica entre ambas naciones. La reacción de las autoridades chinas ha sido rechazar las acusaciones y defender sus prácticas comerciales.