La Contraloría de Colombia ha criticado fuertemente las intervenciones del Gobierno de Gustavo Petro en ocho Entidades Promotoras de Salud (EPS), que atienden a cerca de 23 millones de colombianos. Según el contralor delegado para Salud, Julián Niño, las EPS, incluyendo Coosalud y Famisanar, han experimentado un deterioro financiero significativo, con Coosalud aumentando sus pasivos de 1,9 billones de pesos en octubre de 2024 a 6,4 billones en 2025. Famisanar, por su parte, pasó de un patrimonio de -2,1 billones a -3,3 billones durante el mismo período. La calidad del servicio se ha visto comprometida, con pacientes enfrentando dificultades para acceder a medicamentos y citas médicas. La Nueva EPS, que tiene 11,6 millones de afiliados, no ha presentado sus estados financieros desde 2022, lo que ha generado preocupaciones sobre su transparencia. Además, se han reportado más de dos millones de quejas en 2025, un aumento del 27,4% en comparación con el año anterior. La Contraloría ha señalado que ninguna de las EPS intervenidas ha cumplido con el 100% de las órdenes judiciales para garantizar el acceso a la salud, lo que ha llevado a una crisis en el sistema de salud del país.