La familia Jensen, encabezada por James Jensen, se encuentra bajo investigación por su presunta participación en un esquema de contrabando de petróleo de Pemex, la compañía estatal de México. A pesar de las acusaciones, que incluyen la introducción de más de 4,000 cargamentos de petróleo a Texas disfrazados de lubricantes, el gobierno mexicano no ha solicitado su extradición a Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum había mencionado anteriormente que se había requerido la entrega de varios empresarios involucrados en el huachicol fiscal, pero los Jensen no figuran en la lista de 269 personas solicitadas desde enero de 2018. Las acusaciones de la Fiscalía estadounidense indican que los Jensen colaboraron con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), implicándolos en conspiraciones para blanquear dinero y financiar el terrorismo. La investigación destaca que el valor del petróleo traficado entre mayo de 2022 y abril de 2025 podría alcanzar $300 millones. Este caso ilustra un problema compartido entre México y Estados Unidos, donde las pérdidas fiscales y el robo de combustible impactan severamente a la economía mexicana.