La dirigencia estatal de Morena en Sonora destituyó a Blanca Diva Ponce Caro, quien era jueza penal y fue nombrada secretaria ejecutiva del partido, debido a preocupaciones sobre la posible incompatibilidad entre sus funciones judiciales y su participación en la política. La controversia surgió tras cuestionamientos sobre si su designación contravenía la Constitución de Sonora, que prohíbe a los jueces asumir otros cargos. Ante la presión pública, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena anunció que Ponce Caro sería separada de su cargo y se iniciaría el proceso para darla de baja del padrón de militantes. Ponce Caro también presentó su renuncia irrevocable como jueza, enfatizando su deseo de evitar cualquier malentendido sobre su imparcialidad. Este incidente se produce en un momento de discusión nacional sobre la reforma judicial, lo que ha llevado a críticos a señalar que este caso podría poner en duda la autonomía del Poder Judicial.