El gobierno de Donald Trump ha decidido no avanzar con el controvertido fondo de USD 1.800 millones, creado para compensar a quienes se consideran víctimas de la politización de la justicia federal. Esta decisión se produce tras un fallo judicial que congeló el fondo, con el Departamento de Justicia (DOJ) indicando que acatará la resolución del tribunal a pesar de no estar de acuerdo. El fondo, conocido como 'Fondo Antipolitización', fue establecido como parte de un acuerdo extrajudicial relacionado con una demanda de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de sus declaraciones fiscales. La jueza Leonie Brinkema ha bloqueado cualquier acción para operar el fondo hasta que se resuelva una impugnación más amplia. La controversia ha generado críticas dentro del Partido Republicano, y líderes como el senador John Thune han expresado que lo mejor sería que la administración cerrara el fondo. Organizaciones demandantes, que incluyen a agentes de policía que respondieron al ataque al Capitolio, han prometido continuar su litigio hasta que se descarte el plan de forma definitiva.