La Comisión Europea ha instado al Gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, a reconsiderar los tipos reducidos de IVA aplicados a la hostelería, actualmente en el 10%, y a aumentarlos al tipo general del 21%. Este cambio podría generar unos 7.000 millones de euros anuales, lo que representa aproximadamente el 0,4% del PIB español. Bruselas argumenta que los tipos preferenciales tienen un efecto redistributivo limitado, beneficiando principalmente a las rentas altas que más consumen en restaurantes y hoteles. La respuesta del sector ha sido contundente, con las patronales hosteleras calificando la medida de 'catastrófica', advirtiendo que un aumento de este tipo podría destruir empleo y reducir la demanda en un sector clave para la economía española. La historia de otros países, como Portugal e Irlanda, que enfrentaron consecuencias negativas tras aumentar el IVA de la hostelería durante la crisis de 2012, refuerza estas preocupaciones. Aunque la recomendación de Bruselas no es vinculante, llega en un momento de creciente presión fiscal sobre el Gobierno español y plantea un nuevo desafío en el debate sobre la reforma tributaria.