Más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales se concentraron en Valencia para exigir responsabilidades políticas y judiciales tras la dana de 2024. Los manifestantes pidieron la supresión del aforamiento del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y su comparecencia ante el juzgado de Catarroja. A 19 meses de la catástrofe, las organizaciones denunciaron que Mazón aún mantiene su acta de diputado y que las políticas del Consell comprometen la seguridad de la población. Durante la movilización, se destacó una columna de apoyo a la huelga indefinida del sector educativo, invitando a familias y docentes a unirse a la protesta. Mariló Gradolí, presidenta de la Asociación Víctimas de la Dana, enfatizó que la lucha por 'verdad, justicia y reparación' continúa, recordando la masiva respuesta de 130,000 personas en la primera manifestación. Gradolí también defendió que la participación de las víctimas es crucial en la Comisión de Investigación, aunque afirmó que el verdadero proceso se lleva a cabo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, donde se investiga la falta de alertas adecuadas durante la dana.