Controversia en 9 de Julio por restricción a productores agropecuarios
Polémica: en un municipio bonaerense bloquean un trámite a los productores que deben una tasa

Image: La Nacion
En 9 de Julio, Buenos Aires, la Sociedad Rural denuncia que una ordenanza municipal impide a los productores obtener guías ganaderas si tienen deudas con el municipio. La medida, considerada inconstitucional por la entidad, afecta a muchos agricultores y se percibe como una acción recaudatoria sin mejoras visibles en el sector.
- 01La Sociedad Rural de 9 de Julio critica una disposición municipal que bloquea trámites para productores con deudas.
- 02La Ordenanza Fiscal e Impositiva 2026 exige estar al día en pagos para realizar trámites, afectando a muchos agricultores.
- 03Hugo Enríquez, presidente de la Sociedad Rural, afirma que la medida es inconstitucional y perjudica a los productores.
- 04La única excepción a la norma es para aquellos que han declarado emergencia agropecuaria.
- 05El municipio defiende la medida como necesaria para cuidar los recursos y servicios, no como una acción recaudatoria.
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La Sociedad Rural de 9 de Julio ha denunciado que los productores del distrito enfrentan dificultades para obtener guías ganaderas debido a una disposición municipal que exige estar al día con el pago de tasas y derechos comunales. Esta medida, que afecta a numerosos productores, ha sido considerada 'inconstitucional' por la entidad, que sostiene que tiene un fin recaudatorio. La disposición proviene de la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2026, que establece que los contribuyentes con deudas no pueden realizar trámites. Hugo Enríquez, presidente de la Sociedad Rural, destacó que la restricción también afecta deudas no relacionadas con la actividad ganadera, como el ABL. Aunque el municipio asegura que la medida no es solo para el sector agropecuario, la Sociedad Rural argumenta que no se traduce en mejoras para el sector, como el estado de los caminos rurales. A pesar de las críticas, el municipio defiende la ordenanza como una forma de cuidar los recursos y servicios municipales.
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La restricción impide a los productores realizar trámites necesarios, afectando su capacidad de operar en un contexto crítico para la producción agrícola.
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