La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) de Honduras ha iniciado una nueva etapa institucional con la nombramiento de Jorge Alberto Cálix Orellana como su nuevo director ejecutivo, tras la salida de Elizabeth Rodríguez, quien ocupó el cargo durante solo 110 días. Este cambio se produce en un contexto de cuestionamientos sobre la gestión de fondos públicos y denuncias de corrupción que involucran administraciones anteriores. Rodríguez, quien ahora dirigirá la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), es la primera funcionaria removida del gobierno actual, aunque las autoridades insisten en que se trata de una reubicación y no de una destitución. La OABI, que se encarga de administrar bienes incautados por el Estado, ha sido objeto de controversias relacionadas con el manejo de activos, y recientemente, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció irregularidades en un préstamo de 26 millones de lempiras autorizado por el exdirector Marco Antonio Zelaya. Con la llegada de Cálix, se espera que se fortalezcan los controles administrativos y se aumente la transparencia en la gestión de bienes incautados.