La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el 20 de mayo una iniciativa de reforma constitucional al Senado para modificar el proceso de elección de jueces, trasladando las elecciones de 2027 a 2028. Sin embargo, el abogado constitucionalista Javier Martín Reyes, investigador de la UNAM, advierte que la propuesta es más problemática de lo que parece. Una de las principales preocupaciones es la creación de una 'Comisión Coordinadora' que podrá decidir quién cumple con los requisitos para aparecer en la boleta electoral, lo que, según Reyes, centraliza el control político de Morena sobre el Poder Judicial. Además, se implementará un examen de admisión para los aspirantes, que podría interpretarse como un filtro político en lugar de una garantía de idoneidad técnica. Aunque el aplazamiento de las elecciones judiciales es visto como necesario para evitar una saturación electoral, el riesgo de politización del proceso judicial persiste. La reforma también otorga más atribuciones al Tribunal de Disciplina Judicial, que será responsable de 'capacitar' a todos los jueces, lo que ha generado críticas sobre su justificación técnica. La Asociación Nacional de Magistrados también ha expresado su preocupación, calificando la propuesta como insuficiente para garantizar la independencia judicial. La iniciativa será votada en el Congreso, donde Morena tiene mayoría.