La sede federal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la calle Ferraz, Madrid, fue objeto de un registro por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la orden del juez Santiago Pedraz. Esta acción forma parte de una investigación sobre una supuesta trama destinada a desestabilizar los procedimientos judiciales que involucran al PSOE y al Gobierno. El juez investiga pagos realizados al exmilitante Leire Díez, quien es sospechosa de haber llevado a cabo campañas de desinformación contra miembros de las fuerzas de seguridad y fiscales. Hasta ahora, no se han encontrado indicios de financiación ilegal del partido, aunque se sospecha que algunos pagos estaban disfrazados con facturas falsas. Además de Díez, el juez ha ampliado la lista de investigados a varios exmiembros del PSOE, incluyendo a Santos Cerdán y Ana María Fuentes Pacheco. La investigación abarca hasta nueve delitos, incluyendo organización criminal y cohecho. Pedro Sánchez, en una rueda de prensa en Roma, declaró que no estaba informado sobre los requerimientos judiciales y defendió la transparencia en la gestión del partido.