El Tribunal Supremo de España está analizando la posibilidad de suspender cautelarmente la regularización extraordinaria de migrantes, un proceso que busca otorgar permisos de residencia y trabajo a unas 500,000 personas. Esta revisión se lleva a cabo tras los recursos presentados por la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, y el partido Vox, quienes argumentan que la medida podría afectar gravemente la prestación de servicios públicos. Desde su implementación el 16 de abril, el proceso ha recibido cerca de 200,000 solicitudes en solo dos semanas, y el plazo para presentar solicitudes finalizará el 30 de junio. Durante las vistas, tanto los recurrentes como la Abogacía del Estado defenderán sus posiciones. La Comunidad de Madrid y Vox temen que la regularización genere un colapso en los servicios públicos y mayores dificultades en el acceso a la vivienda. En contraste, el Gobierno sostiene que la medida no impactará negativamente en los servicios públicos, ya que los beneficiarios ya son usuarios de estos. Además, argumenta que la regularización facilitará la integración de los migrantes y aumentará las cotizaciones sociales al mercado laboral.