Cada año, miles de familias en Andalucía participan en el proceso de escolarización, donde la proximidad del domicilio familiar es crucial para acceder a colegios con alta demanda. Sin embargo, algunas optan por prácticas irregulares, como empadronarse en domicilios ajenos, lo que puede tener consecuencias graves. Según el Decreto 21/2020, si se detecta que una familia ha proporcionado información falsa, se puede anular la puntuación obtenida y el alumno podría ser reubicado en otro centro con vacantes. Además, el incumplimiento de las normas de admisión puede acarrear responsabilidades disciplinarias y sanciones. La falsificación de documentos ante una administración pública también puede ser perseguida penalmente, dependiendo de la gravedad del fraude. En resumen, las consecuencias del fraude por escolarización son severas y pueden afectar no solo la plaza escolar del alumno, sino también la integridad legal de las familias involucradas.