El juez del Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla ha decidido archivar la denuncia de los padres de Sandra Peña, quien se quitó la vida el 14 de octubre, contra el colegio Irlandesas de Loreto. La familia acusaba al centro de no haber activado el protocolo antiacoso a pesar de haber informado sobre el bullying que sufría su hija. El magistrado, siguiendo el criterio de la Fiscalía de menores, concluyó que no se puede establecer una relación de causalidad entre la falta de activación del protocolo y el suicidio de la menor. Aunque el colegio no formalizó la activación de los protocolos, se adoptaron medidas de protección como la separación de clases de las agresoras y la derivación a salud mental. Además, la Fiscalía argumenta que el acoso también ocurría fuera del colegio, donde no podían aplicarse las medidas de protección. La Junta de Andalucía, que había señalado la falta de activación del protocolo, ha abierto un expediente administrativo para determinar si se debe eliminar el concierto educativo con el centro, aunque este procedimiento está suspendido por la investigación penal en curso. Para quienes necesiten ayuda, existen líneas de atención disponibles para conductas suicidas y apoyo a menores.