Un informe elaborado por el catedrático Antonio Manuel López Hernández, presentado por Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado, concluye que el 75% de los programas codirigidos en la Universidad Complutense de Madrid incluyen la participación de personal externo, lo que se considera coherente con la normativa vigente. Este informe busca respaldar el modelo de cátedra que Gómez codirigió, refutando acusaciones de que utilizó su posición para obtener beneficios personales. El documento destaca que la dirección de estas cátedras es una actividad altruista y que Gómez, al no ser funcionaria, solo podría haber cobrado un máximo de 15.000 euros al año por su labor, sin recibir compensación por la codirección. Además, se aclara que la gestión de los fondos recaudados por las cátedras corresponde a la administración de la Universidad, lo que contradice la idea de que existiera un lucro personal. El informe también aborda la naturaleza de las cátedras como un modelo de colaboración público-privada, diseñado para atraer financiación externa y garantizar el control institucional de las actividades.