El 13 de abril, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la decisión de la Comunidad de Madrid de permitir la apertura de un centro universitario del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) en la Universidad Complutense (UCM). Este proyecto ha generado preocupación entre juristas y colegiados, quienes lo consideran ilegal y financieramente arriesgado. La Abogacía del Estado argumenta que la creación de este centro no respeta la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU, 2023) y que los colegios profesionales no tienen competencias para impartir enseñanza reglada. A pesar de que el ICAM modificó sus estatutos en 2025 para incluir la docencia, el Gobierno sostiene que este cambio no fue aprobado por el Consejo General de la Abogacía Española y que la enseñanza universitaria no es parte de sus funciones esenciales. La controversia también se ha intensificado por la relación entre el ICAM y el juicio contra el exfiscal general del Estado, lo que ha llevado a especulaciones sobre motivaciones políticas detrás de la impugnación.