La reciente anulación del decreto que permitía la prórroga de contratos de alquiler en España ha generado una ola de negativas por parte de propietarios hacia inquilinos que buscaban extender sus arrendamientos. Pedro, un joven de Arganzuela, Madrid, recibió un burofax de su casero indicando que debía abandonar la vivienda el 1 de septiembre, a pesar de que el decreto, aprobado en marzo para proteger a los inquilinos ante la crisis provocada por la guerra en Ucrania, obligaba a los propietarios a prorrogar contratos hasta diciembre de 2027. Se estima que 2,8 millones de inquilinos se encuentran en situaciones similares, enfrentando la incertidumbre de tener que dejar sus hogares o enfrentar aumentos significativos en sus rentas. En Barcelona, Trinidad Cruzado, una inquilina de 56 años, también ha recibido una negativa tras solicitar la prórroga, a pesar de haber vivido en su vivienda durante 15 años. Los sindicatos de vivienda están alertando sobre el aumento de disputas legales y aconsejando a los inquilinos sobre cómo proceder ante estas negativas. La situación ha generado gran preocupación entre los arrendatarios, quienes temen verse obligados a abandonar sus hogares en un mercado de alquiler cada vez más tenso.