El Ayuntamiento de Roses, en la Costa Brava de Cataluña, ha decidido poner fin a un prolongado litigio urbanístico al aceptar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga al consistorio a pagar 2,5 millones de euros a la empresa Marina Bahía de Roses, S.L. por la expropiación de un terreno de 4.900 metros cuadrados, calificado como equipamiento público desde 1993. Este terreno, ubicado en la zona de Santa Margarita, ha estado abandonado durante más de 30 años, convirtiéndose en un desguace acuático y un foco de insalubridad. El Ayuntamiento, liderado por el alcalde Josep Maria Martínez (PSC), ha decidido no recurrir la decisión y ya ha iniciado los trámites para el pago. La sentencia ha establecido que el precio de expropiación es justo, alineándose con las valoraciones a la baja de sus técnicos. Sin embargo, el costo total, incluyendo intereses de demora, podría ascender a cerca de 3 millones de euros. La situación del terreno ha sido calificada de ruinoso, con reportes que indican que muchas embarcaciones se encuentran hundidas y las infraestructuras están en condiciones críticas.