El plan de gobierno de Juntos por el Perú para transformar el sector pesquero, bajo el lema de 'soberanía y justicia social', ha generado preocupaciones significativas entre los gremios del sector. Se propone la derogación del Decreto Supremo 024-2016-PRODUCE, lo que se considera un retroceso en la transparencia y el control de la pesca responsable. Además, el plan incluye un 'reimpulso' al consumo de anchoveta, que sin la infraestructura adecuada, se percibe como una promesa vacía. La Asociación Nacional de Armadores Pesqueros (ANAP) ha advertido que estas medidas podrían poner en riesgo la inversión y la seguridad jurídica en el sector. El enfoque estatista del plan, que prioriza la regulación sobre la modernización, podría desalentar la inversión privada y limitar el desarrollo tecnológico. La falta de propuestas concretas para la industrialización contrasta con los objetivos de la Política Nacional de Pesca al 2040, que busca competitividad y desarrollo científico. En resumen, el plan presenta un riesgo para la sostenibilidad y la competitividad del sector pesquero, esencial para la economía peruana.