La antigua prisión de Palma, cerrada desde 1999, alberga actualmente a más de 200 personas que viven en condiciones insalubres, rodeadas de basura y plagas, sin acceso a servicios básicos como agua y electricidad. El Ayuntamiento de Palma ha comenzado un proceso de desalojo, justificándose en informes de seguridad que advierten sobre el riesgo de incendios, tras varios incidentes recientes. Sin embargo, la falta de alternativas habitacionales adecuadas ha generado preocupación entre los residentes y organizaciones sociales. Las soluciones temporales ofrecidas, como albergues, son insuficientes, y muchos temen no poder regresar si abandonan el lugar. La situación es crítica, ya que el costo de alquiler en Palma supera los 900 euros mensuales, lo que hace casi imposible para los actuales ocupantes encontrar una vivienda asequible. A pesar de la presión social y las críticas al alcalde, Jaime Martínez, el Ayuntamiento sigue adelante con el desalojo, con la intención de demoler la prisión y construir 139 viviendas para familias vulnerables y empleados públicos. Este proceso podría prolongarse debido a la complejidad legal involucrada.