El Congreso de Bolivia aprobó recientemente una ley que permite al presidente Rodrigo Paz, de centroderecha, utilizar al Ejército para desbloquear carreteras controladas por manifestantes que exigen su renuncia. Estas protestas, que han durado más de un mes, son impulsadas por campesinos, mineros y transportistas ante la crisis económica más grave que enfrenta el país en cuatro décadas. La aprobación de la ley se produjo tras una maratónica sesión de 15 horas en la que se discutió el uso de la fuerza militar. Durante las manifestaciones, se han registrado enfrentamientos violentos, como el ocurrido en San Julián, en la región de Santa Cruz, donde varios policías y civiles resultaron heridos. La ley también establece que los militares, en caso de un estado de excepción, gozarán de 'presunción de legalidad', lo que significa que el gobierno asumirá su defensa legal en caso de que se utilice la fuerza durante los conflictos. Este artículo busca evitar el temor de los militares a ser juzgados penalmente, recordando casos anteriores de altos mandos militares que enfrentaron juicios tras la salida del poder de Evo Morales.