El Tribunal Supremo de España ha ratificado la obligación de las centrales nucleares, específicamente la Central Nuclear de Asco y la Central Nuclear de Vandellós, de pagar una tasa de 4.273.710 euros cada una por los servicios de la Guardia Civil en sus instalaciones. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestimó el recurso presentado por la Asociación Nuclear Asco-Vandellos II, argumentando que se cumplen los requisitos legales para imponer esta tasa. La sentencia destaca que la Guardia Civil proporciona un servicio público que beneficia directamente a las centrales, ya que reduce el riesgo de responsabilidad civil. Además, se establece que esta tasa es necesaria para financiar un servicio de seguridad que es obligatorio y que responde a compromisos internacionales de España. La medida busca combinar la seguridad privada existente en las instalaciones nucleares con la seguridad pública, asegurando que esta última sea responsable de formar grupos de respuesta con capacidades mejoradas. Así, el Tribunal califica estos servicios como esenciales y no ordinarios.