El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE. UU. anunció en mayo de 2026 el cierre de la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes (OIDO), una entidad creada en 2019 para supervisar los centros de detención de inmigrantes. Este cierre ha suscitado preocupaciones sobre la falta de transparencia y supervisión en estos centros, donde actualmente hay más de 60,000 personas detenidas. La OIDO realizaba inspecciones sin previo aviso, investigaba denuncias de abusos y revisaba las condiciones de alojamiento. Sin embargo, tras recortes de personal, la oficina quedó con solo cinco empleados, lo que ha limitado su capacidad para actuar. El DHS ha justificado esta medida afirmando que las oficinas de supervisión eran obstáculos burocráticos, aunque organizaciones de derechos civiles argumentan que esto debilita los mecanismos de control sobre las acciones de ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La reducción de la OIDO se enmarca en un contexto más amplio de restricciones a las visitas de legisladores a los centros de detención y un aumento en la capacidad de alojamiento de ICE.