La crisis política en Bolivia ha escalado, llevando a la Policía a usar gases lacrimógenos para despejar una ruta clave entre Cochabamba y el occidente del país, donde manifestantes protestan por la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Las protestas, que han continuado durante tres semanas, se han replicado en más de 40 puntos del territorio, causando bloqueos que han afectado gravemente el suministro de oxígeno medicinal, alimentos y combustible a los hospitales. La situación ha llevado a la OEA y a otros organismos internacionales a expresar su preocupación y a respaldar al gobierno de Paz, quien asumió el cargo el 8 de noviembre. Mientras tanto, se estima que las pérdidas económicas por los bloqueos ascienden a 600 millones de dólares, lo que ha generado largas filas de familias bolivianas en busca de alimentos. La crisis ha llevado a los hospitales a declararse en emergencia, advirtiendo que si los bloqueos continúan, se verán obligados a suspender cirugías. A pesar de la tensión, algunas regiones, como La Paz, han mantenido la calma comercial, aunque con escaso transporte.