La reciente reforma laboral en España, concretamente el Real Decreto-ley 5/2023, ha provocado un choque significativo entre los convenios colectivos y la nueva legislación sobre permisos laborales. Este conflicto surge porque la ley establece derechos adicionales, como permisos parentales y de cuidado, que a menudo no se reflejan en los convenios existentes. Los jueces están desempeñando un papel crucial como árbitros en esta disputa, determinando que los convenios no pueden ofrecer condiciones menos favorables que las estipuladas por la ley. Teresa Trigueros, de Abdón Pedrajas Littler, enfatiza la necesidad de que los convenios respeten los mínimos legales, mientras que Joaquín Merchán, del Consejo General de Graduados Sociales, destaca que la reforma ha reforzado la naturaleza mínima de estos permisos. Sin embargo, la patronal, representada por Cepyme, argumenta que la reforma limita la autonomía colectiva y genera inseguridad jurídica, especialmente en pequeñas y medianas empresas. La situación es compleja, ya que los derechos laborales se están redefiniendo, y la negociación colectiva debe adaptarse a un nuevo marco legal que complica la gestión de recursos humanos.