China está implementando un conjunto de nuevas regulaciones que exigen revisiones de seguridad nacional para las empresas que deseen invertir en el extranjero, en un intento por proteger su economía de las crecientes tensiones globales con Estados Unidos y Europa. Estas medidas, anunciadas por el Consejo de Estado, son parte de un esfuerzo más amplio para limitar la fuga de capital, tecnología y empresas del país. Las nuevas normas permiten a las autoridades clasificar las inversiones en tres categorías: fomentadas, restringidas o prohibidas, lo que otorga más poder a los funcionarios para controlar los movimientos de capital. Este cambio hacia un enfoque más proteccionista refleja una tendencia global hacia barreras comerciales, en lugar de la integración económica. Expertos advierten que, aunque las autoridades chinas consideran estas normas como un hito, la ambigüedad sobre qué constituye un problema de seguridad nacional genera incertidumbre para los inversores. En este contexto, China busca establecer un marco legal que le permita responder a las restricciones impuestas por otros países, marcando así una nueva era en su política económica.