La Directiva Europea de Transparencia Salarial (Directiva UE 2023/970) entrará en vigor el 7 de junio, obligando a todos los Estados miembros de la Unión Europea, incluida España, a adaptar sus leyes nacionales. Esta normativa exige que las empresas publiquen las bandas salariales en sus ofertas de empleo y reporten las brechas retributivas, garantizando la igualdad de remuneración por trabajos de igual valor. Las empresas deben ser transparentes en la contratación, revelando la retribución inicial antes de la primera entrevista y prohibiendo preguntas sobre el historial salarial de los candidatos. Además, los empleados podrán solicitar información sobre su salario individual. Si se detecta una diferencia de remuneración media de 5% o más entre géneros sin justificación, la empresa deberá tomar medidas correctivas. En caso de disputas laborales, las reglas se inclinan a favor del trabajador, obligando a la empresa a demostrar que sus criterios salariales son neutrales y no sesgados. Las sanciones por incumplimiento pueden ser severas, incluyendo indemnizaciones sin límites legales.