La Ley de Propiedad Horizontal establece mecanismos para gestionar los impagos de gastos comunes en comunidades de vecinos. Según el artículo 21, se permite la reclamación de deudas inferiores a 2.000 euros por parte de la directiva. En caso de incumplimiento, se puede suspender el derecho a voto del propietario moroso en las juntas vecinales y, si la deuda persiste, se puede solicitar el embargo de sus bienes, ya sean inmuebles o financieros. Para iniciar el proceso, se debe comunicar la deuda en una reunión de propietarios, y la reclamación se realizará mediante burofax o notificación notarial. Además, los intereses por demora se sumarán a la deuda y se podrá hacer pública la identidad del deudor conforme a la Ley de Protección de Datos. Estas medidas buscan asegurar una convivencia adecuada y el cumplimiento de las obligaciones económicas en las comunidades de propietarios.