El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado demandas contra los estados de Maine, Massachusetts, Oregón y Washington debido a su negativa a proporcionar matrículas confidenciales a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta acción legal surge tras el rechazo de estos estados a modificar sus políticas y permitir que ICE acceda a información utilizada en operaciones encubiertas de arresto, en el marco de los esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración del presidente Donald Trump. Los funcionarios de Maine y Massachusetts han expresado su oposición a que se utilicen recursos estatales para apoyar la aplicación encubierta de la ley de inmigración civil, citando las tácticas agresivas de ICE. Las demandas cumplen con la advertencia del Fiscal General Adjunto Brett Shumate, quien había amenazado con acciones legales si los estados mantenían sus políticas actuales. Este conflicto refleja la tensión entre las políticas de inmigración del gobierno federal y las decisiones de los estados gobernados por demócratas, que buscan proteger a sus comunidades de tácticas de aplicación de la ley consideradas excesivas.