El cierre del estrecho de Ormuz y la prolongada inestabilidad en Irán están generando un impacto inflacionario significativo en España y el resto de Europa. Aunque la Unión Europea no depende directamente del petróleo de esta región, los precios de productos derivados, como fertilizantes, están aumentando, lo que podría replicar la crisis inflacionaria observada durante la guerra en Ucrania. En marzo, España ya ha visto un aumento notable en el índice de precios al consumo (IPC), aunque aún no alcanza los niveles de hace cuatro años. Este aumento ha sido impulsado principalmente por los precios de la energía y productos no elaborados. Isabel Schnabel, del Banco Central Europeo, ha señalado que los hogares de bajos ingresos son los más perjudicados, ya que enfrentan una inflación alta sin beneficiarse del aumento de los beneficios empresariales. La OCDE ha advertido que los salarios reales están aumentando, pero a un ritmo insuficiente para recuperar lo perdido en la crisis anterior. La inflación, por lo tanto, se convierte en un conflicto distributivo, donde las empresas pueden aprovechar los shocks de oferta para aumentar precios y márgenes de beneficio, erosionando así el poder adquisitivo de los trabajadores. Para mitigar estos efectos, se proponen medidas como impuestos extraordinarios sobre beneficios y controles de precios temporales en bienes esenciales.