Pedro Sánchez y su esposa implicados en el registro de software controvertido en la Universidad Complutense
Sánchez compartía con Begoña la cuenta bancaria que ella usó para registrar el software de la Complutense
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La Guardia Civil investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por registrar un software de la Universidad Complutense de Madrid utilizando una cuenta conjunta. Se le atribuyen cuatro delitos, incluyendo malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.
- 01Begoña Gómez utilizó una cuenta bancaria conjunta con Pedro Sánchez para registrar un software de la Universidad Complutense.
- 02El registro del software, denominado TSC, fue solicitado el 4 de marzo de 2020 y concedido el 26 de octubre de 2020.
- 03La Guardia Civil ha encontrado indicios de malversación y apropiación indebida de fondos públicos en relación con el software.
- 04La cátedra que codirigía Gómez no siguió los procedimientos establecidos por la universidad para el desarrollo del software.
- 05Se han recibido pagos por un total de 6.688 euros por parte de la empresa Innovación Hexagonal, lo que indica actividad comercial del software.
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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha incluido en su informe que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es cotitular de una cuenta bancaria utilizada para registrar un software de la Universidad Complutense de Madrid. El análisis revela que Gómez pagó 206,57 euros desde esta cuenta para registrar la marca de su software, TSC (Transformación Social Competitiva), el 4 de marzo de 2020, siendo finalmente concedido el 26 de octubre de 2020. El informe también destaca que, a pesar de que el software fue financiado mayoritariamente con fondos públicos, la marca y el dominio no fueron registrados a nombre de la universidad. Además, se ha detectado que el software tuvo actividad comercial, con ingresos de 6.688 euros. Como resultado, el juez Juan Carlos Peinado ha procesado a Gómez, a su asistente y a un empresario por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
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La investigación podría afectar la imagen pública del Gobierno español y la confianza en la gestión de fondos públicos.
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