El Situado Constitucional es un mecanismo fundamental en Guatemala que asigna el 10% del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios a las 340 municipalidades del país. Este sistema busca financiar proyectos en áreas críticas como educación, salud preventiva, infraestructura y servicios públicos, con el objetivo de elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Según el Ministerio de Finanzas Públicas, el monto asignado puede ajustarse durante el año fiscal, dependiendo de la aprobación del presupuesto estatal. La Comisión Específica es responsable de desarrollar un 'Cálculo Matemático' que determina la distribución de fondos, basado en criterios oficiales como la población y los ingresos propios de cada municipio. Además, el 90% de los recursos debe ser destinado a programas que beneficien directamente a los habitantes, mientras que solo el 10% puede ser utilizado para gastos administrativos. La Contraloría General de Cuentas realiza auditorías periódicas para asegurar que los fondos se utilicen de acuerdo con la legislación nacional y los objetivos establecidos.