La decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de cerrar el ciclo escolar 2025-2026 el 5 de junio ha generado una fuerte oposición entre varios gobiernos estatales en México. Jalisco y Guanajuato han expresado su desacuerdo, argumentando que esta medida podría profundizar el rezago educativo y afectar a millones de familias trabajadoras. La Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ) enfatizó que no solicitó el adelanto y que la reducción de semanas de clases perjudicaría el aprendizaje y la organización familiar. La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, también se unió a la crítica, señalando que la educación debe ser una prioridad nacional y advirtiendo sobre el impacto en programas académicos clave, como la prueba RIMA. Además, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que su estado mantendrá el cierre del ciclo escolar hasta el 19 de junio, resaltando la complicación que la decisión federal representa para las familias. En medio de estas críticas, se destaca que la SEP justifica su decisión por las altas temperaturas y la logística del Mundial de Fútbol 2026, aunque otros países anfitriones no han tomado medidas similares. La situación refleja una creciente preocupación por la crisis educativa en México, donde la reducción del tiempo efectivo de clases podría agravar las desigualdades existentes.