El gobierno nacional de Argentina, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), implementará a partir de julio de 2026 la Resolución General 5824/2026, que obliga a todos los colegios privados a emitir facturas electrónicas por cada pago recibido. Este cambio tiene como objetivo aumentar la trazabilidad y reducir la informalidad en el sistema educativo, eliminando excepciones que permitían a algunas instituciones utilizar sistemas de facturación simplificados. La nueva normativa se aplicará a colegios de nivel inicial, primario y secundario, así como a academias de idiomas y actividades extracurriculares. Las instituciones educativas deberán modernizar sus procesos administrativos y adoptar sistemas de gestión que integren la facturación electrónica para cumplir con los requisitos establecidos. Esto incluye la necesidad de validar datos de los tutores y solicitar códigos de autorización de forma masiva. La implementación de este sistema no solo busca mejorar la administración, sino también reducir las consultas administrativas relacionadas con la recepción de facturas. Sin embargo, muchos directivos temen que el cambio de sistema sea complicado, aunque se menciona que la transición puede ser rápida si se planifica adecuadamente.