Más de 13.000 estudiantes vascos comenzarán mañana las pruebas de acceso a la universidad, con un enfoque inédito en la seguridad y la confidencialidad. Por primera vez, los profesores de la Universidad vasca que supervisan las pruebas deberán firmar un acuerdo de confidencialidad y no podrán revisar los exámenes. Las nuevas medidas incluyen la prohibición del uso de internet y la posibilidad de intervención de la Ertzaintza en caso de suplantación de identidad. Los examinadores, que recibirán 2,66 euros brutos por ejercicio corregido, deberán elaborar informes firmados por al menos dos docentes testigos para certificar irregularidades. Además, los estudiantes no podrán usar dispositivos conectados a internet y deberán dejar sus móviles en un lugar determinado por los cuidadores. Las condiciones también prohíben comer y beber, excepto agua en botellas sin etiqueta. Estas medidas han generado críticas del sindicato Comisiones Obreras, que argumenta que aumentan la desconfianza y la carga burocrática en un entorno ya complicado.