La nueva directiva europea contra la corrupción, que entró en vigor el lunes, busca armonizar la legislación en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Esta normativa tipifica como delitos el soborno, la malversación, el tráfico de influencias y otros actos corruptos, estableciendo penas mínimas de prisión: seis años para soborno en el sector público y cinco años para el sector privado. Además, se requiere que los Estados tengan organismos especializados en la lucha contra la corrupción, que sean funcionalmente independientes y cuenten con recursos adecuados. La directiva también introduce plazos de prescripción de entre cinco y quince años para permitir investigaciones efectivas. Las sanciones para las empresas incluyen multas significativas y exclusiones de ayudas públicas. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Hena Virkkunen, subrayó que estas medidas son esenciales para defender el Estado de Derecho y combatir la corrupción, que socava la confianza pública. El comisario de Justicia, Michael McGrath, destacó que la corrupción no es un delito sin víctimas y que estas nuevas normas fortalecerán la capacidad de la UE para prevenir y perseguir la corrupción.