El Ministerio del Interior de Perú, bajo la gestión del presidente José María Balcázar, ha sido objeto de críticas por la adjudicación de un contrato de $25.2 millones a International Armored Group (IAG) para la compra de 44 vehículos antidisturbios, conocidos como 'rochabuses'. La empresa turca Katmerciler presentó una oferta de $24.5 millones, pero alegó que el proceso fue manipulado a su favor, omitiendo 40 puntos en su evaluación, lo que les dejó en desventaja. Esta situación no es nueva, ya que la OGAF ha enfrentado acusaciones similares en el pasado por favorecer a ciertos postores. La diferencia de costos entre las dos ofertas fue de $748,575, lo que genera preocupaciones sobre la gestión de recursos públicos. Katmerciler ha solicitado una revisión del proceso ante la Oficina de Control Institucional, argumentando que la adjudicación a IAG representa un perjuicio económico para el Estado. La OGAF ha convocado a varias empresas para este proceso, pero la controversia persiste.