Desde 2004, los expresidentes del Gobierno tienen una silla reservada en el Consejo de Estado. Ninguno la ocupa. Felipe González ni siquiera llegó a tomar posesión. José María Aznar aceptó el cargo en 2005 y renunció al año siguiente. José Luis Rodríguez Zapatero lo ocupó tres años, entre 2012 y 2015, y se marchó después. Mariano Rajoy prefirió volver a su plaza de registrador. La reforma que incorporaba a los expresidentes como consejeros natos vitalicios la firmó, en 2004, el propio Zapatero. La idea era sencilla: que la experiencia acumulada por quienes habían gobernado no se perdiera y siguiera vinculada al Estado. Pero pasó otra cosa: los expresidentes eligieron moverse en espacios privados antes que desde una institución pública. ¿Qué significa que el dispositivo público de canalización del capital político postpresidencial siga existiendo en el papel, mientras todos los llamados a ocuparlo prefieren la opacidad de la actividad privada? Soledad Gallego-Díaz observó hace algunos años que esa ausencia tenía un coste político preciso: cuando los expresidentes abandonan los lugares institucionales reservados para ellos, la influencia no desaparece; simplemente se traslada. Cambia de lugar, se vuelve más opaca y menos controlable. Lo dijo pensando en Felipe González, pero el diagnóstico ya valía entonces para los cuatro. Y el coste, hoy lo sabemos, no es solo personal, sino político. Rafael del Águila escribió que la judicialización de la política y la politización de la justicia son las dos caras de una misma moneda. Y apuntó algo decisivo: el control judicial se entromete en las responsabilidades políticas cuando esas responsabilidades dejan de controlarse en los lugares previstos para ello. La judicialización no es un exceso de los jueces: es lo que ocupa el espacio que deja un sistema institucional que ha renunciado a vigilarse a sí mismo. Cuatro expresidentes vivos, cuatro sillas vacías, cuatro biografías pospresidenciales desarrolladas, con intensidades distintas, en la zona gris que Del Águila había anticipado: asesorías internacionales, consejos de administración, intermediaciones discretas, ingresos opacos. De los cuatro, uno está hoy imputado. Los otros tres no lo están. Esa asimetría no se explica por las diferencias entre ellos, que existen, pero son menores. Se explica por algo más estructural: en ausencia de un cauce institucional que vigile a los expresidentes, la única vigilancia posible es la judicial, y ésta sólo se activa cuando los hechos investigables coinciden con un momento en que pueden investigarse. No es un mecanismo general de control: es un mecanismo intermitente que depende de la coyuntura. Eso es algo distinto a la rendición de cuentas. Y los ciudadanos, antes que los jueces, son los primeros en advertirlo. Y entra aquí la consecuencia política más profunda. Cuando los ciudadanos perciben que el sistema judicial actúa por coyuntura y no por regla, lo que se erosiona no es la confianza en los jueces. Es la confianza en que la ley sea ley. Cada caso, independientemente de su resultado, se lee en clave partidista: (“Han ido a por el nuestro”, “Por fin van contra los suyos”) y esa lectura no es paranoia popular; es la respuesta racional a un sistema que efectivamente funciona así. Y una vez asumida, ningún caso vuelve a leerse como aplicación de la ley sino como movimientos de una partida. Hannah Arendt separó legalidad y legitimidad. Una ley que se aplica con regularidad formal y de manera estructuralmente desigual sigue siendo ley, pero deja de ser lo que sostiene una democracia. Rafael del Águila lo explicó de otra manera: estas tensiones son inevitables, pero no significa que debamos conformarnos con ellas. Una democracia no se mide solo por las instituciones que tiene, sino por las que sus protagonistas eligen ocupar. El Consejo de Estado lleva veinte años esperando a unos expresidentes que prefirieron otras sillas. Y eso, por sí solo, dice más sobre el estado de la cosa pública que cualquier auto de imputación.