Cuando los agentes de la Unidad de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Madrid acudieron a inspeccionar la enésima construcción ilegal en la comarca de Las Vegas, un enclave eminentemente agrícola al sureste de la región, ninguno pensó que los dueños ... entregarían una supuesta declaración responsable. Pero así lo hicieron, y lejos de intentar engañar a la Guardia Civil, mostraron el papel convencidos de haber cumplido con la normativa urbanística para obras ya ejecutadas. Craso error. Habían sido estafados por un arquitecto técnico, desplazado hasta las localidades de Chinchón, Colmenar de Oreja y Valdilecha para 'legalizar' viviendas levantadas en suelo no urbanizable.Aquella inspección fue el punto de partida de una larga investigación, culminada ahora con la detención de este licenciado español de 60 años, quien, a tenor de sus antecedentes, había hecho de la estafa su particular modo de vida. Su último plan comenzó en 2022, al calor del 'boom' de edificaciones fraudulentas, motivado por la llegada de familias de Suramérica y Europa del Este para trabajar el campo madrileño. La mayoría de sus víctimas, un total de once, eran naturales de Rumanía, a las que podía cobrar en negro hasta 8.000 euros por una tramitación que en ninguno de los casos resultaba efectiva.«Lo que hacía este aparejador era presentarse en las casas y ofrecer a sus moradores la falsa posibilidad de regularizar las obras», subrayan las fuentes consultadas, con la firmeza de realizar el proceso de forma muy similar al habitual. Es decir, rellenaba todos los documentos oficiales y los presentaba en los ayuntamientos, a sabiendas de que iban a ser rechazados, un resultado que ocultaba a sus clientes. «Con esto conseguía que ninguna de las víctimas se creyera estafada y evitaba así que pudieran acudir a denunciar», añaden las mismas fuentes. Hasta que la mencionada inspección levantó la liebre.Noticia relacionada general No No Madrileño, de 42 años y de clase media trabajadora: el turista que visita las zonas rurales ABCTras ser identificado por los agentes, se enfrenta ahora a un delito continuado de estafa y cuatro más contra la ordenación del territorio y el urbanismo. Su arresto es solo la punta del iceberg de una situación que los especialistas de la Benemérita empezaron a poner coto con la llamada operación Cimientos, desarrollada en diferentes fases y con el apoyo de la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid. Su misión, recopilar las presuntas infracciones de las viviendas construidas en los últimos cinco años, el plazo que marca la ley para la prescripción de estos delitos.Así, tras realizar un estudio documental de la protección y catalogación de los suelos, y analizar las ortofotografías de las zonas correspondientes a vuelos efectuados en diferentes años, se han podido detectar cientos de construcciones sin licencia; la mayoría de ellas, de fácil montaje: casas móviles o fabricadas en madera, con soleras de palés o zahorra instalados en espacios abiertos. La dificultad en estos casos radica en la localización de los propietarios reales, al tratarse de inmuebles situados en terrenos que previamente se han parcelado de manera ilegal por medio de escrituras de compraventa entre particulares, algo totalmente prohibido en suelos rústicos.Graves riesgosLas construcciones ilegales, subrayan los expertos, dinamitan la preservación de la naturaleza, tanto por la inadecuada gestión de vertidos y residuos como por el riesgo para la seguridad de los que allí viven. «Buena parte de estas casas se asientan en lugares que presentan altos índices de incendios o inundaciones», aclaran. Localidades como las de Morata de Tajuña y Chinchón, ubicadas dentro de un paraje natural único, el de la Vega del Tajuña, son algunas de las que más sufren esta problemática, por lo que no es de extrañar que sus respectivos ayuntamientos hayan abierto decenas de expedientes sancionadores en los últimos años.Pero, más allá de las multas, lo que ansía la práctica totalidad de los municipios afectados es el derribo de las construcciones, un proceso burocrático demasiado largo y complejo. Por si fuera poco, a esta controversia se suma el desembarco de clanes de la Cañada Real desde hace casi una década, antes incluso del progresivo desmantelamiento del conflictivo sector 6 del poblado chabolista. Un traslado, acometido entonces para salvar el negocio de la droga, que trajo consigo un incipiente conflicto con algunos agricultores de la zona. Precisamente, el origen de las edificaciones en la comarca de Las Vegas es similar al registrado en la propia Cañada, donde los huertos en la franja de tierra y las casetas de campo fueron sustituyéndose por el levantamiento de casas. Con este panorama, no es de extrañar que en el último lustro la Unidad de Protección de la Naturaleza haya investigado (y en parte de los casos detenido) a 291 personas. Una cifra que, visto lo visto, no dejará de aumentar.