El reciente recorte de casi un millón de dólares en el programa que coordina la búsqueda de los detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) ha generado una creciente preocupación entre las familias de las víctimas y organismos de derechos humanos en Chile. Este recorte afecta principalmente al Plan Nacional de Búsqueda, una iniciativa lanzada en 2023 para conmemorar el 50 aniversario del golpe militar y esclarecer el destino de las víctimas de desaparición forzada. La incertidumbre se ha intensificado con la decisión del gobierno de no apelar contra los beneficios carcelarios para criminales de lesa humanidad, lo que ha sido interpretado como un posible giro hacia políticas de impunidad. Las familias de las víctimas, como Mónica Monsalves y Paola Tognola, han expresado su temor de que se cierren las puertas a la búsqueda de sus seres queridos. A pesar de las afirmaciones del subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, de que el gobierno está comprometido con la continuidad del Plan, las críticas han aumentado tras la liberación de un exagente de la policía política de Pinochet, lo que ha evidenciado fallas en los informes médicos utilizados para justificar beneficios judiciales. Este contexto ha llevado a muchos a cuestionar la efectividad y el compromiso del nuevo gobierno en la búsqueda de justicia y verdad.